Madrid, 11 de Julio 2011.
– El Gobierno de España está anteponiendo los intereses económicos a los compromisos con la democracia y la justicia.
– Panamá ha sufrido un grave retroceso democrático con el gobierno de Ricardo Martinelli, de visita oficial a España.
La organización Human Rights Everywhere (HREV) recuerda al gobierno español sus obligaciones con el marco jurídico internacional y con los principios democráticos. Por esta razón, el Gobierno de España debe exigir al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, el respeto a los derechos humanos de comunidades campesinas e indígenas, así como el respeto a las organizaciones de la sociedad civil panameña y a la institucionalidad democrática.
HREV hace este pronunciamiento coincidiendo con la visita de una nutrida delegación del Ejecutivo de Panamá a Madrid. Martinelli y varios de sus ministros van a presentar a las grandes empresas españolas la cartera de proyectos de este país centroamericano. El presidente de Panamá, además, será recibido hoy por el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, y por el jefe de Estado, el rey Juan Carlos.
Nuestra organización, presente en Panamá los últimos seis años, advierte de cómo se ha degradado la institucionalidad democrática en este país durante los dos años de la Administración Martinelli. Hasta ahora el gobierno de España ha preferido cerrar los ojos a los abusos cometidos, ya que las empresas españolas han obtenido jugosos contratos en Panamá: Sacyr (3.118 millones de dólares) o FCC (con una cartera que ronda los 2.000 millones de dólares), entre otras.
Justo en estos días se cumple un año de uno de los sucesos más graves ocurridos durante el mandato de Martinelli. Entre el 7 y el 11 de julio la represión policial de una huelga en la provincia de Bocas del Toro terminó con, al menos, 2 civiles muertos y unos 800 heridos y no hay ningún proceso judicial abierto contra los responsables materiales o intelectuales de estos hechos. A este caso se suma el arresto indiscriminado de líderes sindicales, educadores y sociales; la muerte de cinco jóvenes que fueron calcinados intencionalmente por agentes de policía en un centro de reclusión; el hostigamiento a periodistas; las reiteradas amenazas al principio de separación de poderes; el ataque directo contra medios de comunicación, y el nepotismo y la arbitrariedad en la gestión del Estado.
En el caso de España, dos ciudadanos de este país, periodistas y voluntarios de la ong HREV, Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato Carral, fueron detenidos arbitrariamente y expulsados del país por ejercer el periodismo crítico y apoyar a las comunidades indígenas en lo que Reporteros Sin Fronteras o el Centro Internacional para la Protección de Periodistas calificaron como “un gravísimo atentado contra la libertad de expresión”. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha realizado gestión alguna para esclarecer estos hechos y defender a sus ciudadanos. Cuatro días antes de ser detenidos, el ministro de Fomento, José Blanco, visitó Panamá acompañado de un centenar de empresarios españoles a los que se puso en contacto con el Gobierno panameño para darles a conocer las posibilidades de inversión en el país centroamericano.
El ultimo organismo en dar la voz de alarma ha sido la Unesco que ha advertido a Panamá que si sigue adelante con la construcción de una autopista alrededor del Casco Antiguo de la ciudad, que además implica el desalojo de centenares de familias, le será retirada la declaración de Patrimonio de la Humanidad. Varias empresas españolas están interesadas en participar en el desarrollo de ese proyecto.
Ante la gravedad de los hechos y las múltiples señales de alarma internacionales (lanzadas por organizaciones como CEJIL, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Unesco), HREV pide al Gobierno español que sea coherente y condicione los apoyos al Gobierno de Panamá al cumplimiento de las mínimas normas de respeto jurídico y democrático, y de los derechos humanos en este país.
Human Rights Everywhere es una asociación sin ánimo de lucro registrada legalmente en España que centra su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En este momento, sus principales proyectos se desarrollan en Colombia y Panamá.
Más información sobre violación de DDHH en Panamá:
Caso Changuinola: Muertos sin asesinos
Caso Centro de Menores Tocumen: Vertederos humanos
Libertad de prensa: RSF-Panamá y Detención y expulsión arbitraria de periodistas y defensores de derechos humanos extranjeros de Panamá (pdf)