HUMAN RIGHTS EVERYWHERE (HREV), asociación no gubernamental de promoción y defensa de los Derechos Humanos, denuncia la violación de derechos humanos fundamentales por parte del Gobierno de Panamá en la gestión de la crisis por las protestas indígenas relacionadas con la minería.
Los informes disponibles y el material recopilado por nuestros voluntarios apuntan a que el Gobierno, a través de la Policía Nacional, ha violentado, entre otros, el derecho a la asistencia sanitaria, a la asistencia legal a los detenidos, el debido proceso al no poner a disposición de las autoridades judiciales a los detenidos en el plazo estipulado por ley, ha violado los principios básicos de protección de los menores de edad y ha limitado la libertad de prensa, y tal y como han denunciado las organizaciones locales de Panamá. Es evidente, por los testimonios recolectados en el terreno y por las informaciones de los medios de comunicación nacionales, que ha habido uso excesivo de la fuerza y arbitrariedad por parte de los agentes de la Policía Nacional.
A HREV le preocupa especialmente la criminalización de la protesta social y el establecimiento, de facto, de un “estado de excepción” en las zonas de protesta.
Consideramos que los antecedentes en la gestión del conflicto social por el Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, apuntan a una estrategia de criminazliación de los indígenas Ngäbe-Buglé y queremos recordar el uso excesivo de la fuerza que se ejerció en Bocas del Toro (2010), que dejó un saldo de al menos 8 civiles muertos y 600 heridos, así como en la carretera Interamericana y en Ciudad de Panamá en febrero de 2011. Esos antecedentes en el caso de las protestas Ngäbe, así como la represión sistemática de las protestas civiles en otras partes del país, sumados a la inexistencia de cauces de participación democrática en Panamá, cierran las vías para la libre expresión de la ciudadanía.
Ante los graves hechos registrados en las últimas horas, exhortamos al Gobierno de Panamá:
1. Permitir el libre acceso de familiares y de representantes de las organizaciones de la sociedad civil acompañantes a los centros hospitalarios donde hay manifestantes y, en general, heridos internados.
2. Hacer público de forma inmediata el listado de detenidos, los centros en los que se encuentran, permitir la asistencia legal a los mismos y que cualquier proceso sea derivado de forma urgente a las autoridades judiciales competentes.
3. Evitar las declaraciones de responsables del Gobierno que criminalicen o que estigmaticen por razones políticas o étnicas a los manifestantes Ngäbe y Buglé.
4. Hacer todos los esfuerzos para iniciar de forma urgente una negociación transparente y sin condiciones con la Coordinadora para la Defensa de los Recursos Naturales y los derechos del Pueblo Ngábe-Buglé y con la autoridades tradicionales de estos pueblos originarios. Las condiciones planteadas por la Coordinadora el día 6 de febrero en la noche responde, a nuestro entender, a la necesidad de restablecer el estado de derecho.
5. Que respete de forma estricta los derechos de los pueblos originarios consignados en la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas (2007), de la que Panamá es signataria.
HREV le solicita de forma urgente al Órgano Judicial de Panamá:
1. Que abra investigaciones de oficio sobre el uso de munición reglamentaria por parte de los agentes de policía de control de multitudes. Así mismo, la investigación debe determinar si se ha cumplido el principio de proporcionalidad en las acciones policiales, así como si se ha producido arbitrariedad en las detenciones y en la restricción de la movilidad de los panameños y panameñas que habitan en las zonas de conflicto.
2. Que abra investigaciones urgentes de oficio sobre el procedimiento por lo cual se suspendió la comunicación telefónica celular en el área de conflicto desde el viernes 3 de febrero. La ley panameña es clara al indicar que la interrupción de dichas comunicaciones sólo se podrá producir mediante orden judicial que, por la información disponible, nunca se extendió.
HREV le solicita a organismos como el Sistema de Naciones Unidas de Panamá y la Cruz Roja Internacional presencia en la zona de conflicto y vigilancia del cumplimiento de los convenios de derechos humanos de los que Panamá es signataria.
HREV. Madrid, 6 de febrero de 2012
