CARTA ABIERTA A LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA), CON OCASIÓN DE LA PRÓXIMA ELECCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH)
Las organizaciones de la sociedad civil de la República de Panamá firmantes les extendemos un cordial saludo con la esperanza de que la presente Asamblea ayude a sentar las bases para un hemisferio más próspero, partiendo de los principios del respeto a la dignidad humana y a la vida en todas sus manifestaciones.
Con ocasión de la próxima elección para integrar nuevos miembros a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), queremos expresar nuestro mayor respaldo al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos (SIPDH) como mecanismo para la resolución pacífica de conflictos y la protección eficaz de los derechos fundamentales y universales de la persona humana.
Como sociedad civil preocupada por la construcción de una institucionalidad democrática e inclusiva, luego de veintiún años de que iniciara nuestra transición democrática, compartimos el anhelo de que uno de nuestros connacionales sea honrado con su designación como miembro de la Comisión. No obstante, debemos reconocer con pesar que, en la presente oportunidad, el Gobierno de Panamá no cuenta con los méritos necesarios para que su candidato sea distinguido con esta designación.
Plenamente conscientes de la responsabilidad que conlleva esta investidura para el respeto y protección de los derechos humanos en todo el continente, nos vemos obligados a no avalar la postulación apresurada e inconsulta del Licenciado Guillermo Cochez, actual Embajador de Panamá ante la OEA.
Si bien reconocemos los aportes del Embajador Cochez en la lucha por la democracia durante la dictadura militar, hemos adoptado esta posición por las siguientes razones:
1. El deterioro escandaloso de la credibilidad de importantes instituciones panameñas llamadas a la protección de los derechos humanos, tales como el Órgano Judicial y el Ministerio Público, el constante acoso a periodistas y defensores de los derechos humanos, la reciente expulsión de los miembros de Human Rights Everywhere (HREV) Paco Gómez Nadal y Pilar Chato, los graves enfrentamientos entre la Policía Nacional y los pueblos originarios por la aprobación de modificaciones a la legislación ambiental y minera, y el reciente e intempestivo cierre de compuertas de la hidroeléctrica Chan 75 sin haber concluido las negociaciones con toda la población Ngöbe afectada, son todas razones que deslegitiman la postulación de un representante de la diplomacia panameña, como el Embajador Cochez, para formar parte de la CIDH durante este periodo de gobierno.
2. Ante estas situaciones, el Embajador Cochez ha tenido que defender las posiciones de un Estado que tiene uno de los peores registros de cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, que ha ignorado de manera olímpica dos medidas cautelares emitidas por la CIDH desde 2009, que está violando los convenios 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y que ha llevado a un deterioro severo de la situación general de los derechos humanos en los últimos dos años. Así por ejemplo, consideramos desafortunada la posición del Embajador Cochez en cuanto al uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional contra trabajadores bananeros en julio de 2010 y en cuanto a la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en la Provincia de Bocas del Toro (El Panamá América, 7 de diciembre de 2009); en abierta contradicción a las recomendaciones de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional y HREV, y organismos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y hasta de la propia CIDH.
3. Independiente de su esforzada formación académica en el campo del Derecho, su destacado desempeño en la práctica privada del Derecho Comercial y su reconocida trayectoria política, el Embajador Cochez no cuenta con la idoneidad, experiencia y trayectoria necesarias para integrar este importante órgano de protección de los derechos humanos. Esto es particularmente relevante ante las ejecutorias y contribuciones en el campo de los derechos humanos, ya sea como defensores, investigadores o jueces, que ostentan varios de los demás postulados a este cargo, y que pondrían al servicio de nuevos derroteros en el SIPDH.
Seguiremos anhelando el día en que un ciudadano panameño ocupe tan distinguida posición en el SIPDH, pero también estamos conscientes de que, en las actuales circunstancias, la designación del Embajador Cochez enviaría un mensaje equivocado al Gobierno de Panamá y debilitaría los esfuerzos de nacionales y extranjeros por defender las garantías individuales, el debido proceso y los principios democráticos en Panamá. Confiamos en que sepan entender nuestra posición y tomar las mejores decisiones para beneficio de la justicia y la paz en nuestros pueblos americanos.
Panamá, 2 de junio de 2011.
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